El inicio de semana en el Congreso mexicano llegó con dos temas que levantaron revuelo: el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la discusión sobre la revocación de mandato, un tema que vuelve a poner sobre la mesa la relación entre política, gobernabilidad y confianza ciudadana.
Durante su conferencia de prensa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados respaldó el plan de pacificación en Michoacán, calificándolo como una respuesta rápida y necesaria ante un problema que el estado arrastra desde hace más de veinte años. Y es que, para entenderlo fácil, este plan no es un anuncio más: se trata de una estrategia integral con etapas, recursos y responsabilidades concretas para el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y las fiscalías, es decir, un trabajo conjunto para tratar de devolverle la tranquilidad a una de las entidades más golpeadas por la violencia del crimen organizado. En palabras sencillas, el gobierno busca atender tanto las causas como las consecuencias del problema: desde la falta de oportunidades y empleo, hasta la persecución real de los delitos.
En lo político, el mensaje del coordinador fue claro: el Congreso acompañará con leyes, presupuesto y vigilancia la aplicación del plan. Esto significa que no se trata solo de discursos o buenas intenciones, sino de dar soporte legal a las acciones, por ejemplo, modificando leyes o creando nuevas reglas que obliguen a las instituciones a cumplir con su parte. Como él mismo explicó, la mayoría legislativa de Morena respaldará este plan “con actos legislativos y con la construcción normativa que sea indispensable”.
El segundo gran tema del día fue la revocación de mandato, ese mecanismo que permite a la ciudadanía decidir si un presidente debe o no continuar en el cargo antes de que termine su periodo. Aunque la iniciativa ya está lista para discutirse, el coordinador propuso esperar unos días más, argumentando que “no hay prisa” y que un debate tan importante debe analizarse con calma y apertura, incluso con especialistas constitucionalistas. La idea, dice, es evitar que se perciba como una maniobra política o un “albazo”.
Sobre si este mecanismo busca “blindar” a la presidenta, el legislador fue tajante: Sheinbaum, afirmó, “ha actuado para todos los mexicanos” y ha tomado distancia de su militancia partidista para gobernar con imparcialidad. Aun así, la oposición pide tiempo y discusión pública, señalando que el tema podría mezclarse con las elecciones intermedias de 2027, algo que Morena rechaza al asegurar que “no le teme a la democracia” y que el pueblo será quien decida.
Entre estos debates, también se adelantó que el Congreso abordará en los próximos días leyes clave en materia de aguas, salud y comercio exterior, temas que, aunque suenan técnicos, impactan directamente en la vida diaria: el acceso al agua, el sistema de salud pública y las reglas del comercio que afectan los precios en los bolsillos.
Así, entre aplausos al gesto humanista de la presidenta —quien decidió donar su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una niña— y llamados al diálogo político, el Congreso mexicano arranca la semana con una agenda cargada de política pública, debate constitucional y la promesa de que, esta vez, las decisiones no se tomen al vapor, sino con cabeza fría y pensando en el país.
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