Por Bruno Cortés
En el Congreso, donde muchas veces las discusiones suenan lejanas para la gente, hay temas que aterrizan de golpe en la vida diaria, como el acceso a la salud. Eso fue lo que puso sobre la mesa la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, quien denunció que en comunidades rurales de Oaxaca los hospitales simplemente no tienen lo básico para atender a la población, especialmente a comunidades indígenas que dependen casi por completo del sistema público.
La legisladora contó que durante una visita al Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Alta, el propio personal médico le explicó algo que pinta de cuerpo entero el problema: mientras el IMSS ordinario recibe hasta el 80% de los insumos que necesita, el sistema de IMSS-Bienestar apenas alcanza el 40%. Es decir, el sistema que atiende a los más pobres es el que menos recursos tiene. Y no es un caso aislado. En Tamazulápam del Espíritu Santo, otro hospital comunitario enfrenta exactamente la misma situación.
Para entender la gravedad, hay que decirlo en sencillo: más del 80% de la población de Oaxaca se atiende en IMSS-Bienestar. Si ahí faltan medicinas, equipo o personal, entonces la mayoría de la gente se queda sin opciones reales de atención. No es un problema técnico, es un tema de acceso básico a derechos.
Pero la crítica de la diputada no se quedó solo en los insumos. También señaló que el gobierno estatal no ha generado suficientes empleos formales, lo que impide que más personas puedan acceder a servicios médicos a través del IMSS o el ISSSTE. En otras palabras, no solo falla el sistema de salud, también el modelo laboral que debería sostenerlo.
El señalamiento subió de tono cuando acusó directamente al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, de incompetencia, y denunció que dentro del sistema se castiga a quienes alzan la voz. Según dijo, trabajadores de la salud que denuncian carencias terminan siendo investigados, presionados o incluso despedidos, lo que genera un ambiente donde pocos se atreven a hablar.
Desde la lógica de política pública, esto refleja un problema clásico: no basta con crear programas sociales si no se les da presupuesto suficiente, reglas claras y supervisión efectiva. Además, cuando se inhibe la denuncia interna, se pierde una de las herramientas más importantes para corregir fallas.
Por eso, Cruz Jiménez pidió instalar mesas de trabajo urgentes con las autoridades del IMSS-Bienestar y exigió que se deje de criminalizar al personal médico. También solicitó designar un nuevo enlace legislativo que permita una comunicación más directa entre el Congreso y el sistema de salud.
Lo que está en juego no es menor: en regiones como Oaxaca, el sistema público no es una opción, es la única alternativa. Y cuando esa única opción falla, la política deja de ser discurso y se convierte en una realidad que se vive —o se padece— todos los días.
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