Por Bruno Cortés
En medio del ruido político que suele dominar la Cámara de Diputados, esta vez el protagonismo no lo tuvo un partido ni una reforma fiscal, sino un grupo de trabajadores que todos vemos diario pero que casi nunca aparecen en la ley. El diputado Gabriel García Hernández recibió a operadores de mototaxis, bicitaxis y ciclotaxis que llegaron con algo más que consignas: 250 mil firmas para respaldar una iniciativa que busca darles reconocimiento legal.
Para entender el fondo del asunto hay que bajarlo a tierra. Este transporte, conocido como “de barrio” o de “última milla”, es el que te lleva de la estación del metro o metrobús a tu casa, o el que conecta zonas donde simplemente no entra el transporte público tradicional. En números, mueve a millones de personas todos los días y da sustento a cerca de 200 mil familias en todo el país. El problema es que, aunque existe en la práctica, no existe en la ley.
Hoy por hoy, este tipo de servicio no está reconocido dentro del Sistema Nacional de Movilidad, lo que significa que quienes lo operan trabajan en una especie de limbo: no tienen acceso garantizado a seguridad social, vivienda o pensión, y además pueden ser sancionados o incluso criminalizados porque su actividad no está claramente regulada.
La propuesta que impulsa García Hernández busca justamente cerrar ese hueco. Si se aprueba, obligaría a los estados a reconocer esta modalidad de transporte y a crear reglas claras para su operación. En pocas palabras, pasaría de ser un trabajo informal a uno con derechos y obligaciones.
Pero la iniciativa no se queda solo en el papel. Forma parte de un plan más amplio, llamado Plan de Justicia para el Transporte de Barrio, que incluye desde acceso a salud y créditos, hasta medidas de seguridad como GPS, cámaras y botones de emergencia. También contempla capacitación en derechos humanos y primeros auxilios, así como la transición hacia unidades eléctricas para reducir el impacto ambiental.
Del lado de los trabajadores, el mensaje fue claro: no están pidiendo privilegios, sino piso parejo. Representantes del sector explicaron que su labor es clave en colonias donde ningún otro transporte llega, y que además cumplen una función social importante al conectar comunidades enteras.
En términos de política pública, lo que está en juego es el reconocimiento de una realidad que ya existe. Regular este tipo de transporte no solo implica ordenar las calles, sino también integrar a miles de trabajadores a la economía formal y ampliar la cobertura de movilidad en zonas donde el Estado no ha llegado del todo.
El siguiente paso será que la iniciativa avance en el Congreso, donde tendrá que ser discutida y, en su caso, aprobada. Por lo pronto, las 250 mil firmas ya pusieron el tema sobre la mesa y dejaron claro que detrás de cada mototaxi o bicitaxi hay algo más que un viaje corto: hay una demanda de derechos que lleva años esperando.
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