Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, donde muchas reformas parecen lejanas, esta vez se dio un paso que apunta directo a uno de los problemas más graves del país: la violencia contra las mujeres. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaratoria para modificar la Constitución y abrir la puerta a una ley general en materia de feminicidio, es decir, una legislación que unifique cómo se define y castiga este delito en todo México.
Para ponerlo en términos sencillos, hoy cada estado tiene sus propias reglas sobre qué se considera feminicidio y qué castigos se aplican. Eso provoca que haya diferencias importantes: en algunos lugares es más fácil que un caso se investigue como feminicidio y en otros no, lo que termina afectando el acceso a la justicia. Con esta reforma, el Congreso podrá crear una sola ley base para todo el país, que establezca criterios mínimos obligatorios.
La panista Kenia López Rabadán, quien presidió la sesión, explicó que ya se alcanzó el aval de la mayoría de los congresos estatales, un requisito indispensable para cambiar la Constitución. En pocas palabras, ya pasó el filtro de los estados y ahora el proceso sigue su curso formal.
Detrás de este movimiento también está la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que le da un peso político adicional. En la práctica, esto significa que el tema no solo está en la agenda legislativa, sino también en la prioridad del Ejecutivo.
¿Y qué sigue? Una vez que la reforma quede firme, el Congreso tendrá un plazo de 180 días para crear esta ley general. Ahí se definirán cosas clave: cómo se tipifica el feminicidio, qué elementos deben considerarse para investigarlo y cuáles serán las sanciones mínimas en todo el país.
Mientras tanto, las leyes actuales de los estados seguirán vigentes, lo que evita un vacío legal. Pero el objetivo final es homologar criterios para que no importe si un caso ocurre en el norte, el centro o el sur: la respuesta del Estado debería ser la misma.
Desde la lógica de políticas públicas, esto busca resolver un problema de fondo: la desigualdad en la aplicación de la justicia. Cuando las reglas cambian según el estado, también cambian las probabilidades de que un delito se castigue correctamente. Una ley general intenta emparejar el terreno.
En un país donde el feminicidio sigue siendo una crisis constante, este tipo de reformas no resuelven todo por sí solas, pero sí marcan la ruta: pasar de esfuerzos aislados a una estrategia nacional más clara, con reglas comunes y mayor coordinación entre autoridades.
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