Por Bruno Cortés
La discusión sobre derechos de la diversidad sexual y de género volvió al centro del Congreso mexicano con un anuncio que, aunque parece técnico, puede tener impacto directo en políticas públicas, acceso a programas sociales y combate a la discriminación. El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, respaldó la realización de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2026, un ejercicio que busca medir cómo viven millones de personas LGBT+ en México.
En palabras simples, esta encuesta funciona como una radiografía nacional. Su objetivo es obtener datos reales sobre temas como discriminación, violencia, acceso al trabajo, salud, educación y condiciones económicas de personas de la diversidad sexual y de género. ¿Por qué importa? Porque en política pública lo que no se mide prácticamente no existe para el gobierno.
López Vela explicó que la información permitirá construir nuevas leyes y mejorar programas públicos enfocados en una población que históricamente ha enfrentado exclusión social. Según señaló, el país necesita “datos duros” para seguir impulsando reformas y acciones concretas.
La primera edición de la Endiseg se realizó en 2021 y fue considerada pionera incluso a nivel internacional. Julieta Brambila, representante del Inegi, recordó que aquella encuesta marcó “un antes y un después” porque por primera vez el Estado mexicano generó estadísticas específicas sobre diversidad sexual y de género.
Los resultados de ese primer ejercicio ayudaron a abrir debates legislativos importantes. Uno de los ejemplos más claros fue el impulso para prohibir las llamadas terapias de conversión, prácticas que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas y que actualmente son consideradas una forma de violencia y tortura.
Para 2026, el Inegi ampliará significativamente el alcance del estudio. La nueva encuesta pasará de 46 mil a 64 mil viviendas visitadas en todo el país, con el objetivo de generar estadísticas más precisas y representativas.
Además, se incorporará un sistema de audioentrevista para preguntas sensibles, lo que busca garantizar privacidad y confidencialidad a las personas encuestadas, especialmente a jóvenes mayores de 15 años. Esto es relevante porque muchas personas aún temen hablar abiertamente sobre su identidad o experiencias de discriminación.
Durante la conferencia también se habló del lado económico de las políticas de inclusión. Fernando Reynoso, del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, presentó programas de financiamiento dirigidos a personas de la diversidad sexual y de género que buscan emprender o fortalecer negocios.
Uno de los programas contempla apoyos directos de 25 mil pesos para nuevos emprendimientos, mientras que otro ofrece créditos con tasas muy bajas e incluso financiamiento sin intereses para pequeños negocios.
La lógica detrás de estas políticas es que la inclusión no solo tiene que ver con derechos civiles o reconocimiento legal, sino también con acceso a oportunidades económicas. En otras palabras, la meta es que la diversidad también tenga herramientas para crecer económicamente y reducir desigualdades.
Otro anuncio importante fue la creación del primer Parlamento de las Juventudes de la Diversidad Sexual y de Género en el Congreso de la Ciudad de México. El proyecto reunirá a 66 jóvenes que podrán transformar problemáticas reales en propuestas legislativas y ejercicios de participación política.
En medio de estos temas, López Vela también generó polémica al criticar la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien calificó como una figura contraria a los derechos de la diversidad sexual. El diputado aseguró que sus posturas son abiertamente LGBTfóbicas y respaldó la decisión de declararla “persona no grata” en México. Horas después se informó que la funcionaria española canceló parte de su agenda en el país.
Más allá de la confrontación política, el mensaje central del foro fue que las políticas públicas de inclusión ya no se están planteando únicamente desde el discurso ideológico, sino desde datos estadísticos, financiamiento económico y programas concretos que buscan responder a problemas reales de discriminación, violencia y desigualdad.
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