Por Bruno Cortés
¡Vaya que se armó el mitote en la Cámara Alta! Lo que debía ser un recinto para legislar terminó convertido en el escenario de una bronca que tiene a todo el mundo con el ojo cuadrado. Resulta que las autoridades del Senado, encabezadas por el personal de resguardo de Fidel Ortíz Barragán, le pusieron los sellos de clausura a un salón de belleza que, según las malas lenguas y varios reportes, operaba en las entrañas del recinto legislativo para darle «una manita de gato» a las figuras de la política nacional.
La noticia saltó a la luz cuando se señaló a la senadora Andrea Chávez como la presunta responsable de habilitar este espacio para sus allegadas, supuestamente con cargo al erario. La bronca escaló de volada cuando circuló un video donde se aprecia a la legisladora Juanita Guerra en pleno proceso de aplicación de tinte, lo que desató la indignación de quienes consideran que el dinero del pueblo no debe irse en secadoras y permanentes.
Ante el revuelo que se armó en las redes y los pasillos, la senadora Chávez no se quedó de brazos cruzados y salió a desmentir la jugada. A través de sus cuentas oficiales, aseguró que todo el asunto es «puro cuento» y que ella ni habilitó el salón, ni es la de las fotos, ni necesita que nadie la peine en el trabajo. Incluso, con un toque de jiribilla, mencionó que ella misma se arregla en su casa con su propio equipo, deslindándose de lo que llamó una «película montada».
Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo trató de calmar las aguas al declarar que este tipo de espacios «no son nada fuera de lo normal» en estructuras de este tamaño. Sin embargo, el argumento no convenció a muchos capitalinos que ven con recelo cómo se utilizan los rincones del Senado mientras la chamba legislativa sigue pendiente. La percepción de que se vive «en el error» fuera del presupuesto público volvió a encender la mecha de la crítica ciudadana.
El cierre del local no fue un proceso silencioso; el personal de seguridad llegó con los sellos en mano para clausurar las puertas del establecimiento que causó el alboroto este miércoles. Los pasillos, que usualmente huelen a papel y café, se llenaron de cámaras y micrófonos buscando la verdad detrás de este servicio estético que, según la directiva del Senado, no debería estar funcionando bajo esquemas de gratuidad o financiamiento público.
La presidencia del Senado tuvo que salir al quite para aclarar la situación ante los medios de comunicación. Se informó de manera oficial que los servicios que se prestaban en ese lugar no eran gratuitos ni estaban cubiertos por el presupuesto de la Cámara. No obstante, la duda quedó sembrada entre la opinión pública sobre quién dio el permiso para que un negocio de esta naturaleza se instalara en un edificio federal tan relevante.
Para los que se mueven a diario en el corazón de la CDMX, este episodio es solo una raya más al tigre en la historia de los usos y costumbres de nuestra clase política. La gestión de los espacios comunes dentro de las instituciones de gobierno siempre ha sido un tema delicado, y más cuando se trata de lujos o comodidades que el ciudadano de a pie difícilmente podría costearse en su lugar de trabajo.
Mientras se deslindan responsabilidades, el salón permanece con las cortinas abajo y los sellos de advertencia bien pegados. Se espera que en los próximos días la Comisión de Administración rinda un informe detallado para explicar si hubo o no un contrato de por medio, o si de plano alguien se «agandalló» el espacio para poner su propio negocio de estilismo a espaldas de la ley.
Por lo pronto, el ambiente en el Senado sigue tenso y el tema del salón de belleza se ha vuelto la comidilla de todos los cafés cercanos a Reforma. Los legisladores tendrán que enfocarse nuevamente en sus tareas, mientras la ciudadanía espera que este tipo de polémicas no distraigan de lo verdaderamente importante: las leyes que rigen a nuestro México.
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