Por Bruno Cortés
La polémica por la transparencia en la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dio un nuevo giro en la Cámara de Diputados. Luego de las críticas y dudas surgidas por la reserva de algunos documentos relacionados con el proceso de selección, la presidenta del Comité de Transparencia, Aliza Klip Moshinsky, anunció que el órgano legislativo analizará abrir versiones públicas de prácticamente todos los expedientes y evaluaciones utilizadas en la designación.
La decisión llega después de varias solicitudes ciudadanas de acceso a la información y de una carta enviada por el coordinador de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien pidió máxima publicidad y transparencia sobre el proceso que definió a las nuevas personas integrantes del Consejo General del INE.
En entrevista con medios de comunicación, Aliza Klip explicó que el Comité de Transparencia convocó a una sesión extraordinaria para revisar cinco nuevas solicitudes relacionadas con el tema y discutir la posibilidad de hacer públicas las evaluaciones, exámenes y documentos utilizados durante la selección.
La funcionaria aclaró que la intención nunca fue ocultar todo el procedimiento, sino proteger ciertos documentos específicos, principalmente los exámenes aplicados a las y los aspirantes. Según explicó, la reserva inicial se basó en antecedentes de 2020 y 2023, cuando el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) permitió mantener bajo resguardo ese tipo de evaluaciones.
Sin embargo, la presión pública y política terminó modificando el rumbo del debate. Ahora, la propuesta que discutirá el Comité busca abrir versiones públicas de todos los expedientes, eliminando únicamente datos personales sensibles como firmas, domicilios, teléfonos, correos electrónicos o cualquier información privada de quienes participaron en el proceso.
Para quienes no están familiarizados con estos procedimientos, este tipo de decisiones forman parte de las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas. En términos simples, el gobierno y las instituciones están obligados a explicar cómo toman decisiones importantes, especialmente cuando se trata de cargos públicos de alto impacto como las consejerías del INE, responsables de organizar las elecciones en México.
Pero al mismo tiempo, las autoridades también deben cumplir con leyes de protección de datos personales. Por eso muchas veces se generan tensiones entre el derecho de la ciudadanía a saber y el derecho individual a la privacidad.
Klip Moshinsky insistió en que el nuevo planteamiento busca justamente encontrar ese equilibrio. Es decir, abrir toda la información posible sin vulnerar datos personales de quienes participaron en la convocatoria.
La presidenta del Comité de Transparencia adelantó además que la Cámara de Diputados planea reactivar un micrositio público donde la ciudadanía pueda consultar los documentos relacionados con el proceso. La intención es que exista mayor claridad sobre cómo fueron evaluadas las personas aspirantes y cómo se tomaron las decisiones finales.
Aun así, la funcionaria dejó claro que esta apertura no cambiará los nombramientos ya realizados, pues las consejeras y consejeros electorales ya fueron designados oficialmente. Lo que sí podría cambiar es la percepción pública sobre el proceso y el nivel de confianza ciudadana en las instituciones legislativas y electorales.
En el fondo, el debate refleja uno de los grandes retos del sistema político mexicano: demostrar que las decisiones públicas pueden revisarse, explicarse y transparentarse sin comprometer derechos personales ni poner en riesgo la legalidad de los procesos.
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