Por Bruno Cortés
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, adelantó que su bancada votará en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal para posponer la elección judicial, al considerar que los cambios planteados no resuelven los problemas de fondo que enfrenta el sistema de justicia mexicano y solamente representan ajustes “cosméticos”.
La discusión ocurre en medio del debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial, uno de los proyectos más polémicos impulsados durante el sexenio pasado y que busca cambiar la forma en que se eligen jueces, magistrados y ministros. Para Morena y sus aliados, el objetivo es democratizar el sistema judicial; para la oposición, el riesgo es politizar la justicia y debilitar la carrera judicial.
Moreira Valdez sostuvo que el problema no se arregla retrasando elecciones o modificando algunos detalles administrativos, sino reconstruyendo por completo el modelo de impartición de justicia. Según explicó, el PRI considera que México necesita regresar a un esquema donde jueces y ministros lleguen a sus cargos después de años de preparación, experiencia y evaluaciones profesionales, no mediante sorteos o mecanismos políticos.
En palabras simples, lo que propone el PRI es volver a un sistema parecido al servicio profesional de carrera que existe en otras áreas del gobierno. Es decir, que quienes quieran convertirse en jueces tengan que avanzar poco a poco dentro del sistema judicial, demostrando conocimientos, experiencia y capacidad técnica antes de ocupar cargos de mayor responsabilidad.
El legislador argumentó que actualmente existen juzgados federales saturados con hasta 15 mil expedientes, una situación que vuelve prácticamente imposible garantizar justicia rápida para la ciudadanía. Ahí es donde entra otro de los puntos centrales de su postura: el presupuesto.
Moreira afirmó que una verdadera reforma judicial no puede limitarse a cambiar reglas electorales. Desde su perspectiva, también se necesitan más recursos para jueces, ministerios públicos, peritos, policías, cárceles y sistemas de seguridad. En otras palabras, considera que el problema de justicia en México es mucho más amplio que únicamente la elección de ministros o consejeros.
El diputado acusó además que las reformas impulsadas desde el oficialismo han debilitado instituciones y afectado el Estado de derecho. Según dijo, las consecuencias ya se reflejan en problemas de inseguridad, desconfianza ciudadana y fallas en la procuración e impartición de justicia.
Durante la discusión legislativa, el PRI adelantó que presentará contrapropuestas para reinstalar una carrera judicial certificada y evitar que los cargos se asignen mediante mecanismos que, según la oposición, podrían depender más de popularidad o acuerdos políticos que de capacidad profesional.
Moreira también aprovechó para lanzar críticas al Senado por mantener pendiente la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 relacionada con salarios mínimos profesionales. De acuerdo con el diputado, esta modificación permitiría mejorar ingresos de policías municipales, maestros, médicos, enfermeras y elementos de seguridad pública.
El legislador acusó directamente a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, de mantener congelado el proceso legislativo pese a que, aseguró, la reforma beneficiaría a miles de trabajadores del sector público.
En otro tema, Moreira pidió que autoridades mexicanas investiguen los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el crimen organizado y consideró que quienes fueron mencionados públicamente deben aclarar las acusaciones para evitar especulaciones.
Finalmente, el coordinador priista defendió la situación de seguridad en Coahuila y aseguró que el PRI ganará los 16 distritos electorales locales, argumentando que la ciudadanía buscará mantener la estabilidad y los bajos índices de violencia que actualmente presume la entidad.
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