Por Bruno Cortés
En el Congreso, el debate sobre la relación entre política y seguridad volvió a subir de tono, y esta vez fue el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, quien fijó postura con un mensaje claro: cualquier señalamiento contra integrantes de la llamada Cuarta Transformación debe estar sustentado en pruebas sólidas y no en acusaciones sin respaldo.
En términos simples, el diputado puso sobre la mesa un tema sensible para cualquier gobierno: la credibilidad. Según explicó, si las acusaciones contra actores políticos no se comprueban, pueden terminar afectando la imagen del proyecto de la 4T y su relación con la ciudadanía. Desde su visión, la autoridad moral es uno de los activos más importantes del movimiento, y por eso insistió en que no se puede permitir que señalamientos sin evidencia lo desgasten.
Sandoval también se refirió al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que cualquier procedimiento o investigación debe partir de elementos verificables. En el lenguaje del Congreso, esto significa que no basta con denuncias públicas o declaraciones políticas, sino que se requieren pruebas formales para que un caso avance.
El legislador fue más allá al recordar que la delincuencia organizada no es un fenómeno nuevo en México, sino un problema heredado de administraciones anteriores. Con esto, colocó el debate en una perspectiva de largo plazo, donde la seguridad pública no se entiende como un tema de un solo gobierno, sino como una acumulación histórica de fallas institucionales.
También respondió a los señalamientos que han venido desde Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. En su posicionamiento, aseguró que no existe temor en la administración federal porque, según dijo, no hay nada que ocultar. Sin embargo, advirtió que en el contexto político internacional siempre existe el riesgo de acusaciones sin fundamento, especialmente cuando hay tensiones diplomáticas o diferencias de intereses.
En el plano legislativo, Sandoval expresó su respaldo a la reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo. Uno de los puntos clave de esta propuesta es la creación de un comité de evaluación que tendría la tarea de revisar que ningún partido político postule candidatos con vínculos con el crimen organizado. En términos de política pública, se trata de un mecanismo preventivo que busca blindar los procesos electorales desde la selección de aspirantes.
El diputado también aclaró que hubo ajustes en la interpretación del calendario de la reforma, particularmente en lo relacionado con la revocación de mandato. Finalmente, señaló que la aplicación se contempla para 2028, lo que permite empatarla con otros procesos electorales y dar mayor coherencia al calendario político.
En el fondo, el mensaje del PT combina dos ejes centrales: la defensa del proyecto de la 4T frente a acusaciones políticas y el respaldo a reformas que buscan reforzar el control sobre la calidad y legitimidad de los procesos electorales en México.
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