Por Bruno Cortés
El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró que hasta ahora no ha llegado formalmente ninguna solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni tampoco la que Morena ha planteado contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Aunque el tema ya circula en el debate político y mediático, el diputado explicó que este tipo de procesos no arrancan automáticamente con declaraciones públicas o posicionamientos partidistas. Primero deben ingresar oficialmente a la Secretaría General de la Cámara y después ser enviados a la Subcomisión de Examen Previo, un órgano legislativo que funciona como filtro inicial antes de que cualquier caso llegue a la Comisión Jurisdiccional.
En términos prácticos, esta subcomisión es la que determina si una denuncia tiene elementos suficientes para avanzar o si simplemente se queda archivada. El problema, según reconoció el propio Flores Cervantes, es que esa instancia todavía no se instala formalmente en esta Legislatura, lo que mantiene congelados posibles procedimientos y alimenta sospechas de encubrimiento o impunidad.
Por eso hizo un llamado directo a las presidencias de las comisiones de Gobernación y Justicia para acelerar la integración de este órgano. En el Congreso, estos retrasos suelen tener implicaciones políticas importantes, porque mientras no exista una instancia operativa, ningún proceso puede avanzar jurídicamente aunque exista presión pública.
El legislador también aclaró que, si llegan nuevos casos, la prioridad será atender asuntos de la actual Legislatura y no arrastrar expedientes pendientes de años anteriores. Eso significa que cualquier denuncia reciente podría avanzar más rápido que procesos viejos acumulados en San Lázaro.
Por ahora, el único expediente que sigue activo en análisis dentro de la Comisión Jurisdiccional es el relacionado con el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Flores detalló que incluso ya hubo reuniones con autoridades de la Fiscalía de Campeche para solicitar información adicional antes de tomar una decisión.
Además, negó que exista alguna solicitud formal para retirarle el fuero al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. Explicó que, de llegar una petición de este tipo, sí correspondería directamente a las instancias legislativas encargadas de revisar declaraciones de procedencia.
Detrás de estas declaraciones hay un tema de fondo que suele generar confusión fuera del Congreso: un juicio político o un desafuero no significan automáticamente culpabilidad, sino mecanismos legales que permiten investigar o sancionar a funcionarios públicos cuando existen posibles responsabilidades políticas o penales. Sin embargo, en México estos procesos suelen avanzar lentamente porque mezclan criterios jurídicos con negociaciones políticas.
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